El tema de la democracia es un tema de actualidad permanente debido a las prácticas políticas constantes tanto de las organizaciones como de los partidos políticos y de la sociedad en conjunto. Por ello es necesario hacer un esfuerzo por comprender su significado, alcance y límites, empezando por nuestra entidad guerrerense y tomando en cuenta el contexto nacional e internacional.
Comprender la democracia.
La democracia es una forma de ejercer el poder. El nombre data de hace muchos siglos, su raíz es el término griego “democratia”, palabra compuesta de dos vocablos: demos=pueblo y xratós=poder o gobierno. Estos dos términos juntos dan por resultado el significado de un sistema político que gobierna al pueblo, en contraposición a la monarquía (gobernada por un rey) y la aristocracia (gobernada por unos cuantos).
Los significados modernos de la democracia son varios y no necesariamente compatibles. Son expresiones prácticas orientadas a legitimar el ejercicio de la autoridad. Por eso se da actualmente la democracia representativa (llamada también de multipartidos o liberal), la representativa de un solo partido (en los países socialistas) y la participativa (llamada también democracia directa: la que se ejercita en consulta directa al pueblo).
Con algunas variantes, cada una de estas democracias tiene autores que la defienden y promueven destacando lo más positivo de cada una de ellas en sus teorías y propuestas.
Hablar de democracia en Guerrero es hablar de la democracia de tipo liberal; es decir, la democracia representativa, constituida por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y con la participación de varios partidos políticos.
Antecedentes.
La actual democracia en Guerrero y en el país ha sido el resultado de la transición política que a su vez fue precedida hasta el año 2000 por el control político del Partido Revolucionario Institucional. El inicio y presencia de la transición política tuvo varias etapas que es necesario recordar.
La transición política y democrática mexicana es una etapa del proceso de democratización del país, que, según algunos autores, inició en 1979 con la apertura y reconocimiento, de derecho y de hecho, por parte del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de los partidos políticos de oposición: Acción Nacional, Partido Comunista y otros pequeños que jugaban hasta entonces el papel de simuladores de la democracia, ya que nunca se les reconocía un triunfo electoral o, si se les reconocía, era con base en una negociación o arreglo cupular entre las élites partidistas y de acuerdo con el Gobierno federal.
Para algunos especialistas en ciencia política la reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles en 1979 es reconocida como el parteaguas e inicio de la apertura política hacia los demás partidos, misma que fue el resultado de una larga lucha de la oposición y de la sociedad mexicana por el reconocimiento de sus derechos políticos desde mucho tiempo atrás.
El 1 de abril de 1977 don Jesús Reyes Heroles al traer la representación presidencial para escuchar el II Informe de Gobierno del gobernador Rubén Figueroa Figueroa, en Chilpancingo, Guerrero, anunció el inicio oficial (porque el real tenía ya tiempo) de la reforma política que se materializó en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que estuvo vigente durante diez años. Por ello Jesús Reyes Heroles será recordado como el operador político que colocó la primera piedra para la transición política formal en México, como resultado del agotamiento del PRI y de la presión impulsada por los partidos de oposición y las organizaciones políticas de la sociedad mexicana.
Para confirmar esta tesis, según uno de los ideólogos más importantes que ha tenido el PRI en la posmodernidad, Cesáreo Morales, la LOPPE estableció:
La constitucionalización de los partidos como entidades de interés público, corresponsables de la vida estatal; perfeccionó el marco del proceso electoral para darle transparencia y objetividad; instituyó un nuevo órgano electoral encargado de las elecciones; incorporó la representación proporcional para conformar una cuarta parte de la Cámara de Diputados compuesta desde entonces por 400, hasta la reforma de 1986; posibilitó el registro de partidos en los procesos electorales locales; introdujo el acceso de los partidos con registro a los medios de comunicación y la primera forma de financiamiento público; implantó también las regidurías plurinominales en los municipios más grandes del país; finalmente creó la figura jurídica de las organizaciones políticas no partidarias que al correr del tiempo han tenido un notable impacto en la democratización de la sociedad. (Cesáreo Morales 2000, p. 29).
A pesar de la LOPPE las viejas prácticas del partido de Estado continuaron después de 1979 y los fraudes políticos eran lo normal y lo recurrente en las elecciones municipales, estatales y nacionales (avatares de la transición política real) debido a que la infraestructura y estructura electoral priista permaneció intocable y no existían los organismos que vigilaran y controlaran los procesos electorales, mucho menos existían los mecanismos neutrales de control y vigilancia de las elecciones que existen en nuestros días. A medida que se fueron creando estos mecanismos nuevos de control la vida democrática se fue estableciendo.
Para otros especialistas la transición política mexicana se inició con el movimiento estudiantil y de masas en 1968 que cuestionó el viejo régimen exigiendo una apertura real democrática, continuado con el movimiento guerrillero de los años 70 y el movimiento estudiantil de 1971 que desembocó en la fuerte movilización social y política de 1988.
Ese año (1988) es otra fecha clave del proceso de transición democrática, cuando la mayoría de las fuerzas democráticas se aglutinaron en las elecciones presidenciales para elegir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero el fraude electoral echó por tierra todas estas aspiraciones y la transición democrática sufrió un gran revés y un fuerte retroceso.
Finalmente en las elecciones del 2 de julio de 2000 el PRI, en tanto partido de Estado, perdió la Presidencia de la República, aunque conservó en los estados, aún en buena parte, la estructura de corporativización de la sociedad mexicana y los mecanismos de control social relativamente sólidos que mantiene hasta nuestros días.
Sin embargo, la pérdida de la Presidencia como centro del poder y del control presidencialista tuvo el efecto inmediato de meter en seria crisis al expartido oficial y echó por tierra el centro de control político de sus militantes, quienes están buscando nuevas formas de aglutinamiento y de control político más democrático. A pesar de ello, el PRI ha conservado buena parte de su vieja estructura y mantiene aún muchos de los mecanismos de control político que lo caracterizaban.
La democracia en Guerrero.
La democracia en Guerrero, entendida como la participación popular o incidencia masiva del pueblo en el Gobierno del estado, inició con los movimientos sociales de los copreros en la década de los 50 y, sobre todo, con el movimiento cívico-popular de los años 60, quienes cuestionaron seriamente los poderes en turno y modificaron la geografía del poder estableciendo en esos años un relativo equilibrio entre los que detentaban el poder y el poder popular. Dicha incidencia popular fue temporal porque el partido hegemónico de la época recuperó el poder total y lo mantuvo hasta 2005.
La democracia como participación activa partidista y reconocida oficialmente en Guerrero comienza con el triunfo del Partido Comunista en el municipio de Alcozauca, en la montaña indígena, en 1969; posteriormente las diferentes instancias de Gobierno (presidencias municipales y diputaciones) fueron conquistadas por otros partidos políticos nacionales como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y otros de alcance estatal.
El cambio drástico se dio en 2005, cuando el PRD ganó la elección de gobernador de la entidad, posición que mantiene hasta nuestros días (2009).
Al paso del partido casi único que mantenía el control político centralizado del poder hacia las formas actuales multipartidistas y de división de poderes se le ha dado en llamar la transición política mexicana, en la cual se inserta y forma parte la transición política en Guerrero.
La transición política mexicana, y dentro de ésta la guerrerense, es una etapa del proceso de democratización del país que, según algunos autores, y como se dijo antes, se inició en 1979 con la apertura y reconocimiento, de derecho y de hecho, por parte del régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de los partidos políticos de oposición.
De manera contraria, algunos autores consideran que México ha llegado ya a la transición democrática, bajo la argumentación de que cuenta con los instrumentos o condicionamientos que constituyen una democracia según lo establecido por Norberto Bobbio: “La democracia es simplemente un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas”.
Estas reglas de procedimiento Bobbio las sintetiza en lo siguiente: todos los ciudadanos mayores de edad, sin distinciones, deben gozar de derechos políticos; el voto de los ciudadanos debe tener un peso igual; todos los titulares de derechos políticos deben ser libres de votar siguiendo sus propias opiniones; los ciudadanos también deben ser libres en el sentido de que deben de estar en condiciones de escoger entre soluciones diferentes, es decir, entre partidos que tengan programas distintos y alternativos, tanto para la elección como para las decisiones colectivas debe valer la regla de mayoría numérica, y finalmente ninguna decisión adoptada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría.
Asimismo, estas reglas constituyen los principales indicadores de la democracia formal, aunque en muchas ocasiones esta democracia formal se manifiesta de manera débil o muy limitada.
Los indicadores de la democracia.
Los ciudadanos mayores de edad, sin distinciones, deben gozar de derechos políticos.
Este primer indicador nos muestra que formal y jurídicamente hablando, porque está estipulado en la legislación, todos los guerrerenses mayores de 18 años tienen sus derechos políticos. Sin embargo, en los hechos, la realidad guerrerense está lejos de dar todas las posibilidades y garantías de poder ejercer estos derechos, dado que a muchos ciudadanos le son limitados por su ignorancia, por su aislamiento geográfico, por la falta de credibilidad en las instancias electorales o porque todavía se cometen fraudes declarados o simulados contra estos derechos a través de la coacción del voto. De este modo podemos afirmar que todos los ciudadanos mayores de edad cuentan con sus derechos, aunque aún tienen muchas dificultades para ejercerlos.
El voto de los ciudadanos debe tener un peso igual.
Efectivamente, el voto de los ciudadanos guerrerenses vale igual ante la ley y se cuenta de la misma manera en la región de La Montaña que en el Centro o la Tierra Caliente. Sin embargo, en la práctica se anulan varios votos o casillas cuando los contendientes tienen la oportunidad de hacerlo o, al contrario, aumentan los votos fraudulentamente, aunque este hecho es cada vez menos frecuente.
Podemos incluso afirmar que el voto del hombre y la mujer guerrerenses tiene el mismo valor o peso, el de un joven y un anciano o el de un sabio o un ignorante.
Los ciudadanos deben ser libres de votar siguiendo sus propias opiniones.
Este indicador es uno de los más complicados y difíciles de cumplir, dado que las campañas políticas se apoyan en promesas, mentiras, apariencias, etc., que bajo la influencia del discurso o de la propaganda política en los medios de comunicación, bajo las reglas del marketing, logran convencer y limitar la libertad de los votantes haciéndoles tomar una decisión incluso contra sus propios intereses.
La base de las propias opiniones es la información clara y completa, lo cual muchas veces no se puede obtener, sea por no estar presente en los discursos, sea porque se ve condicionada por algunas dádivas de los candidatos.
Los ciudadanos deben ser libres de escoger entre varias opciones.
Este indicador, igual que el anterior, toca un nervio medular de la democracia, ya que una condición indispensable de la misma es precisamente la libertad de decisión. Para los candidatos a algún puesto político parece no importarles gran cosa la libertad de elección que deben tener los ciudadanos. Más bien parece lo contrario, porque a cualquier precio quieren que los ciudadanos voten por ellos, no importando los medios de que se valgan para conseguir su objetivo o que atropellen lo que sea necesario en los ciudadanos con tal de obtener lo que desean.
Quien obtenga la mayoría numérica gana las elecciones.
Este indicador generalmente es aceptado y reconocido cuando la elección es ganada con un gran margen, pero no así cuando se ha conseguido con un pequeño o mínimo margen. En este segundo caso se buscan una y mil maneras de revertir el conteo de votos a fin de ganar las elecciones y los problemas postelectorales se hacen presentes, sea tomando la vía legal de las otras instancias jurídicas para resolverlos, sea a través de la protesta para cambiar los resultados.
Que la mayoría triunfante no atropelle los derechos de las minorías perdedoras.
Este último indicador de la democracia nos conduce a comprender que quien conquista el poder y lo ejerce debe servir a todos, los que votaron por él y los que no. Esta es una actitud de un gobierno que debiera prevalecer en todas las instancias; sin embargo, aún estamos lejos de garantizar esta imparcialidad democrática frente a todos, ya que somos más inclinados a favorecer a quienes apoyaron al candidato que a quienes no lo hicieron. Esta actitud parcial ha conducido al atraso de muchas comunidades o sectores por su oposición a los que detentan el poder y cuya atención debiera ser igual que para los que no son de la oposición.
El soporte jurídico de la democracia en el Guerrero de nuestros días.
Uno de los elementos importantes de la democracia actual en Guerrero y en México es que cuenta con el soporte jurídico necesario para desarrollarse y avanzar en calidad para beneficio de los guerrerenses y mexicanos.
Este soporte jurídico lo constituye la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que en síntesis contiene los cimientos sobre los que debe construirse la democracia. Estos cimientos se fundamentan en los tópicos siguientes:
- Establece la constitucionalización de los partidos políticos como entidades de interés público, corresponsables de la vida política estatal; es decir, los partidos políticos están respaldados por la Constitución y son de interés público y no privado; por lo mismo, la prioridad es el beneficio público y no el privado.
- La ley perfeccionó el marco de los procesos electorales para darle transparencia y objetividad a las elecciones. En adelante las elecciones no tienen otra significación que ser transparentes y objetivas.
- Constituyó un nuevo órgano electoral encargado de las elecciones. Para el caso del país fue el IFE y para Guerrero fue el Consejo Estatal Electoral, ahora llamado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que se encargan de promover, vigilar y sancionar los procesos de elección en todos los niveles.
- Incorporó la representación proporcional de los diputados en los congresos nacional y estatales. Aunque aparece como positiva, de entrada esta medida ha sido discutida por una serie de anomalías que se han presentado al tratar de implementarla. Sin embargo, en sí misma es una medida que promueve la equidad de las votaciones.
- Posibilitó el registro de los partidos en los procesos electorales locales. Esta medida ha sido muy positiva porque permite el surgimiento de nuevos partidos, evitando con ello el monopolio del poder en uno o dos partidos mayoritarios.
- Introdujo el acceso de los partidos con registro a los medios de comunicación y al financiamiento público. Esta medida ha tenido muchas dificultades al momento de implementarse, por los intereses que tienen tanto los partidos políticos como los medios de comunicación en los resultados de las elecciones y los beneficios que esto conlleva.
- Implantó las regidurías plurinominales en los municipios. Esta medida ha sido altamente positiva dado que establece un equilibrio relativo en la composición de los cabildos, a pesar de que en la práctica existen muchas dificultades para el funcionamiento de los mismos. Creó la figura jurídica de las organizaciones políticas no partidarias. Esta medida inicial ha sido perfeccionada con la reforma electoral actual al autorizar las candidaturas independientes a los diferentes puestos de elección.
En conclusión, podemos afirmar que el estado de Guerrero cuenta con los cimientos sólidos de la democracia porque tiene una legislación que la respalda; sin embargo, las prácticas políticas de los partidos y de los ciudadanos en los procesos electorales son aún débiles y muy limitadas, debido a los usos y costumbres que datan de mucho tiempo atrás y que empujan a la sociedad guerrerense a practicar la democracia en avances y retrocesos. Por ello la cultura política, igual que otros sectores, padece también de un fuerte subdesarrollo que a medida que pasa el tiempo, constituye un reto para superar todos los obstáculos que vaya encontrando en su camino.
(AAB/JPLC)